Referéndum, sí. Elecciones, también
Josep M. Vallès,
Josep M. Vallès,
consejero de Justicia, firma este artículo
en su condición de miembro de Ciutadans pel Canvi.
Lunes 8 de maig de 2006
El País
Ha llegado la hora de pedir al electorado catalán un doble refrendo: al proyecto de Estatuto y a la mayoría que sustenta el Gobierno actual. El referéndum tiene fecha prefijada. Las elecciones debieran tenerla también y sin más dilación que la exigida por la ley. ¿Por qué motivo? Porque ni el proyecto de Estatuto ni la mayoría que sostiene al actual Gobierno de la Generalitat, presidido por Pasqual Maragall, son piezas independientes o separables. Forman parte de una propuesta política dibujada a finales de los años noventa, cuando terminaba el ciclo iniciado durante la transición. Esta propuesta pretendía sustituir el proyecto que había dominado la escena política durante 20 años. Se trataba de un proyecto que habían encarnado y concertado -entre conflictos y acuerdos- el PSOE de Felipe González, por una parte, y la Convergència i Unió (CiU) de Jordi Pujol, por otra.
La nueva propuesta -cifrada en el leitmotiv del "cambio"- despertó expectativas positivas en quienes consideraban agotada la utilidad social y política del viejo proyecto. Este agotamiento lo constataban incluso algunos de quienes lo habían gestionado. La mayoría catalanista de izquierdas asumió el nuevo proyecto, consignado en el Pacto del Tinell. Pero desde su mismo origen le fue negada la legitimidad por parte de los enemigos de revisar los planteamientos sociales y legales del autogobierno o de responder con apuestas sociales más avanzadas a las necesidades del país. Adversarios dispares unieron sus esfuerzos en una tarea de desgaste a partir de argumentos contradictorios porque era un proyecto social de izquierdas, porque no contaba con pura sangre nacionalista, porque apostaba por romper una divisoria -constitucionalistas / catalanistas- que irritaba -en Cataluña y en el resto de España- a quienes se han beneficiado de esta fractura.
Después de 30 meses, la hostilidad contumaz de esta coalición negativa se ha visto reforzada por los propios errores estratégicos de la mayoría de gobierno, hasta conducir a un punto difícil y paradójico del recorrido político iniciado en 2003.
Se cuenta con un proyecto de Estatuto cuyo contenido es manifiestamente superior al vigente de 1979. Lo es pese al cepillado padecido en La Moncloa y en el Congreso de los Diputados, gracias a una desgraciada negociación multilateral torpemente aceptada por los socios del tripartito. Se cuenta con una obra de gobierno de balance positivo, y admito mi falta de imparcialidad en este juicio. En algo más de dos años, se han adoptado iniciativas valiosas para las necesidades del país y se han solventado críticos déficit producidos por el Gobierno anterior. También se han cometido fallos de gestión y se han dado inacciones muy graves en algunas cuestiones clave. El balance es en todo caso superior al de los últimos gobiernos. Sin embargo, ni el Estatuto ni la obra de gobierno parecen suficientes para justificar la continuidad de la mayoría si se prescinde de una nueva revalidación del electorado.
La mayoría y el Gobierno han adoptado decisiones que han perjudicado la consistencia de su propio proyecto global y han alimentado dudas e incertidumbres sobre su capacidad para ejecutarlo. La vocación legítima de esta mayoría y de este Gobierno era desarrollar una transformación -un cambio- social y nacional, frente a alternativas desgastadas o imposibles. En la dimensión social, los grupos de la mayoría compartían y comparten coincidencias de itinerario y de meta. En la dimensión nacional se daban coincidencias de itinerario, aunque no de meta final. Es lo que no han entendido -o no han querido entender- quienes reprochan a Maragall haberse dejado secuestrar por la lógica nacionalista porque son ellos mismos los que no son capaces de efectuar lecturas que no sean las de la dialéctica nacionalismo-antinacionalismo.
Sea como fuere, hay que reconocer que no se ha conseguido afianzar las líneas maestras del proyecto original. Ha estado poco presente quien podía recordar permanentemente con perfiles contundentes y enérgicos lo esencial del proyecto. Ha habido escasa iniciativa o habilidad para superar la barrera mediática levantada por los frustrados valedores de otros proyectos alternativos. Se ha puesto de relieve la incapacidad de algunos para dar al proyecto estratégico común una clara prioridad sobre otras vicisitudes, por importantes que pudieran parecer en el campo táctico o electoral. Se ha caído en la trampa de la pasividad en algunos momentos, de la reacción infantil al estímulo mediático en otros y de la falta de contundencia en casi todos. Comparto la responsabilidad y la asumo en la cuota que me corresponde.
Por su parte, y en Cataluña, la oposición natural a este proyecto de largo alcance ha jugado con habilidad sus cartas y se ha beneficiado de los favores involuntarios e incautos que ha recibido de algún socio de la mayoría. En el Madrid político, presuntos aliados han intentado por todos los medios reducir el alcance del proyecto de cambio, ajustándolo a la medida de sus necesidades y no de las necesidades de la sociedad catalana. Así pues, los propios errores estratégicos han impedido capitalizar los buenos resultados de 30 meses de mayoría tripartita respecto al Estatuto y obra de gobierno. Las habilidades de la oposición y de los amigos de Madrid no han generado credibilidad para sus propias propuestas, pero han sido suficientes para erosionar las del Gobierno.
Ha llegado, pues, el momento de recurrir al veredicto popular. Para quienes creemos en el valor del nuevo Estatuto como paso adelante en la configuración del autogobierno, se abre ahora una campaña por el sí en la que hay que empeñarse a fondo. Y para quienes apostamos por un sólido proyecto social y nacional -del que el Estatut es sólo un importante instrumento-, se hace imprescindible solicitar al electorado que se pronuncie de nuevo sobre el proyecto y la mayoría de gobierno que prefiere. Lo antes posible.
Lunes 8 de maig de 2006
El País
Ha llegado la hora de pedir al electorado catalán un doble refrendo: al proyecto de Estatuto y a la mayoría que sustenta el Gobierno actual. El referéndum tiene fecha prefijada. Las elecciones debieran tenerla también y sin más dilación que la exigida por la ley. ¿Por qué motivo? Porque ni el proyecto de Estatuto ni la mayoría que sostiene al actual Gobierno de la Generalitat, presidido por Pasqual Maragall, son piezas independientes o separables. Forman parte de una propuesta política dibujada a finales de los años noventa, cuando terminaba el ciclo iniciado durante la transición. Esta propuesta pretendía sustituir el proyecto que había dominado la escena política durante 20 años. Se trataba de un proyecto que habían encarnado y concertado -entre conflictos y acuerdos- el PSOE de Felipe González, por una parte, y la Convergència i Unió (CiU) de Jordi Pujol, por otra.
La nueva propuesta -cifrada en el leitmotiv del "cambio"- despertó expectativas positivas en quienes consideraban agotada la utilidad social y política del viejo proyecto. Este agotamiento lo constataban incluso algunos de quienes lo habían gestionado. La mayoría catalanista de izquierdas asumió el nuevo proyecto, consignado en el Pacto del Tinell. Pero desde su mismo origen le fue negada la legitimidad por parte de los enemigos de revisar los planteamientos sociales y legales del autogobierno o de responder con apuestas sociales más avanzadas a las necesidades del país. Adversarios dispares unieron sus esfuerzos en una tarea de desgaste a partir de argumentos contradictorios porque era un proyecto social de izquierdas, porque no contaba con pura sangre nacionalista, porque apostaba por romper una divisoria -constitucionalistas / catalanistas- que irritaba -en Cataluña y en el resto de España- a quienes se han beneficiado de esta fractura.
Después de 30 meses, la hostilidad contumaz de esta coalición negativa se ha visto reforzada por los propios errores estratégicos de la mayoría de gobierno, hasta conducir a un punto difícil y paradójico del recorrido político iniciado en 2003.
Se cuenta con un proyecto de Estatuto cuyo contenido es manifiestamente superior al vigente de 1979. Lo es pese al cepillado padecido en La Moncloa y en el Congreso de los Diputados, gracias a una desgraciada negociación multilateral torpemente aceptada por los socios del tripartito. Se cuenta con una obra de gobierno de balance positivo, y admito mi falta de imparcialidad en este juicio. En algo más de dos años, se han adoptado iniciativas valiosas para las necesidades del país y se han solventado críticos déficit producidos por el Gobierno anterior. También se han cometido fallos de gestión y se han dado inacciones muy graves en algunas cuestiones clave. El balance es en todo caso superior al de los últimos gobiernos. Sin embargo, ni el Estatuto ni la obra de gobierno parecen suficientes para justificar la continuidad de la mayoría si se prescinde de una nueva revalidación del electorado.
La mayoría y el Gobierno han adoptado decisiones que han perjudicado la consistencia de su propio proyecto global y han alimentado dudas e incertidumbres sobre su capacidad para ejecutarlo. La vocación legítima de esta mayoría y de este Gobierno era desarrollar una transformación -un cambio- social y nacional, frente a alternativas desgastadas o imposibles. En la dimensión social, los grupos de la mayoría compartían y comparten coincidencias de itinerario y de meta. En la dimensión nacional se daban coincidencias de itinerario, aunque no de meta final. Es lo que no han entendido -o no han querido entender- quienes reprochan a Maragall haberse dejado secuestrar por la lógica nacionalista porque son ellos mismos los que no son capaces de efectuar lecturas que no sean las de la dialéctica nacionalismo-antinacionalismo.
Sea como fuere, hay que reconocer que no se ha conseguido afianzar las líneas maestras del proyecto original. Ha estado poco presente quien podía recordar permanentemente con perfiles contundentes y enérgicos lo esencial del proyecto. Ha habido escasa iniciativa o habilidad para superar la barrera mediática levantada por los frustrados valedores de otros proyectos alternativos. Se ha puesto de relieve la incapacidad de algunos para dar al proyecto estratégico común una clara prioridad sobre otras vicisitudes, por importantes que pudieran parecer en el campo táctico o electoral. Se ha caído en la trampa de la pasividad en algunos momentos, de la reacción infantil al estímulo mediático en otros y de la falta de contundencia en casi todos. Comparto la responsabilidad y la asumo en la cuota que me corresponde.
Por su parte, y en Cataluña, la oposición natural a este proyecto de largo alcance ha jugado con habilidad sus cartas y se ha beneficiado de los favores involuntarios e incautos que ha recibido de algún socio de la mayoría. En el Madrid político, presuntos aliados han intentado por todos los medios reducir el alcance del proyecto de cambio, ajustándolo a la medida de sus necesidades y no de las necesidades de la sociedad catalana. Así pues, los propios errores estratégicos han impedido capitalizar los buenos resultados de 30 meses de mayoría tripartita respecto al Estatuto y obra de gobierno. Las habilidades de la oposición y de los amigos de Madrid no han generado credibilidad para sus propias propuestas, pero han sido suficientes para erosionar las del Gobierno.
Ha llegado, pues, el momento de recurrir al veredicto popular. Para quienes creemos en el valor del nuevo Estatuto como paso adelante en la configuración del autogobierno, se abre ahora una campaña por el sí en la que hay que empeñarse a fondo. Y para quienes apostamos por un sólido proyecto social y nacional -del que el Estatut es sólo un importante instrumento-, se hace imprescindible solicitar al electorado que se pronuncie de nuevo sobre el proyecto y la mayoría de gobierno que prefiere. Lo antes posible.
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